18/4/08

Paro policial recibe apoyo en todo el país

No están solos. Protestas de suboficiales de la PNP serán respaldadas por retirados de FF.AA.




Las esposas, viudas e hijos de los policías apoyarán el paro nacional de brazos caídos anunciado por el Sindicato Único de la Policía Peruana (SUPP) para mayo próximo. Consideran que es la única forma de lograr que el gobierno vuelva la mirada a un sector golpeado por sueldos miserables que obliga a los policías a trabajar en sus días de descanso como vigilantes, taxistas u otras actividades para aliviar la canasta familiar.

Victoria Condori Huamán, presidenta del Movimiento Femenino de la Familia Policial, dijo que su agrupación apoyará el paro policial porque como esposas, madres y viudas “sabemos lo que les hace falta a nuestros hijos”.

“Ellos (los policías) están en constante riesgo y el ministro (del Interior) Luis Alva lo sabe. Prestan seguridad en lugares inhóspitos donde actualmente hay convulsión social en pésimas condiciones, no tienen chalecos antibalas ni suficientes municiones. El colmo es que cuando se trasladan a esos lugares el pago por sueldo, viáticos y rancho, les llega tarde”, denunció.

Condori Huamán agregó que los uniformados están también sumamente preocupados por el destino de la Caja de Pensiones Militar Policial.

Fuerzas Armadas
De otro lado, tras una reunión de emergencia, policías y miembros de las fuerzas armadas en retiro acordaron ayer dar un amplio apoyo al paro de brazos caídos que se realizará en mayo próximo, según dio a conocer el presidente del Frente de Defensa de Sub Oficiales PNP y FF.AA. en retiro, Raúl Soto Herrera.

Dijo que en la actualidad el sueldo del personal subalterno en actividad es de sólo 1,100 soles, monto que, tras descuentos, se reduce apenas a 900 soles.

La preparación de la paralización es objeto de coordinaciones en las comisarías y otras dependencias policiales, ante lo cual se ha redoblado la actividad de la unidad de Inteligencia de la Policía Nacional, a fin de reprimir e impedir la protesta, denunciaron efectivos policiales consultados por LA PRIMERA, quienes pidieron el anonimato para no sufrir represalias.

DATO

Aumentos irrisorios

El último aumento de remuneraciones al personal policial data de enero del 2007 y fue de apenas 100 soles. Antes hubo un incremento de sueldos para los miembros de las fuerzas armadas y de la PNP de 100 soles, en junio del 2004. La necesidad de una mejora es angustiosa y es el principal motivo del paro en gestación.

26/3/08

“SINDICATO UNICO DE LA POLICIA PERUANA” - (SUPP)

Una propuesta polémica que ha nacido en la clandestinidad y que solo afinando sus procedimientos podría generar un precedente válido

Por: Hugo Muller Solòn (*)

I. Antecedente
II. Situación de la Defensorìa del Policía
III. Sindicatos de Policías en otros países
IV. Naturaleza civil de la Profesión de Policía
V. El derecho a la sindicalización policial en las Constituciones de otros países.
VI. La Situación de los integrantes de la Policía Nacional del Perú.
VII. Reflexión Final


I. Antecedente

En principio diremos que un sindicato es una asociación integrada por trabajadores en defensa y promoción de sus intereses sociales, económicos y profesionales relacionados con su actividad laboral o con respecto al centro de producción (fábrica, taller, empresa) o al empleador con el que están relacionados contractualmente.

Los sindicatos por lo general negocian en nombre de sus afiliados (negociación colectiva) las remuneraciones y condiciones de trabajo (jornada, descansos, vacaciones, licencias, capacitación profesional, etc.) dando lugar al contrato colectivo de trabajo.

El sindicato tiene como objetivo principal el bienestar de sus miembros y generar mediante la unidad, la suficiente capacidad de negociación como para establecer una dinámica de diálogo social entre el empleador y los trabajadores.

La libertad sindical de los trabajadores para crear, organizar, afiliarse. no afiliarse o desafiliarse a sindicatos libremente y sin injerencias del Estado o de los empleadores, es considerada como un derecho humano básico.

En el Perú, desde hace algún tiempo y con singular impulso desde el mes de Mayo del 2007 se viene publicando en algunos medios de información y también por Internet (blogs y emails principalmente), pronunciamientos o comunicados que nos hacen conocer de la existencia del denominado “Sindicato Único de la Policía Peruana” – SUPP (El Pronunciamiento del 01 de mayo 2007, hace conocer que esa es la fecha de creación del SUPP), que vendría a ser un intento de generar un movimiento sindical liderado probablemente por un grupo de Policías en actividad o retiro que vienen actuando desde la clandestinidad pero que poco a poco vienen haciéndose mas conocidos y van generando no pocos polémicos comentarios unos a favor y otros en contra. Conozco tambièn de otras propuestas anteriores.

Debo pensar que la idea de formar el SUPP, nace del sentir de un grupo de Policías en situación policial de actividad y/o retiro frente a la innegable crítica situación del personal de la Policía Nacional, la indiferencia del gobierno y la falta de apoyo de quienes dirigen la Institución policial para exigir al sector correspondiente la atención y solución inmediata de estos problemas que hacen insostenible una relación laboral acorde con los derechos fundamentales exigibles y básicos que le corresponde a cualquier trabajador del sector público.

Debo entender también, que al tener restringido constitucionalmente algunos derechos que le son inherentes a cualquier otro trabajador en el Perú, los forjadores del SUPP no pueden presentarse abiertamente ante la opinión pública ni ante la institución Policial, puesto que si bien es cierto el estado reconoce los derechos de sindicalización de los servidores públicos, el Art. 42º de la Constitución Política del Perú prescribe que se reconocen los derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos, aunque precisando que los funcionarios del Estado con poder de decisión y los que desempeñan cargos de confianza o de dirección, así como los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, no son titulares de tales derechos. Además los miembros de la Policía Nacional, tampoco pueden ejercer el derecho de petición de manera colectiva, conforme lo establece el Art. 2º, inciso 20 de la Ley de Leyes.

La Policía Nacional del Perú, coincidentemente con el surgimiento del SUPP el año 2007 decide acoger el mandato constitucional que prohíbe a los policías sindicalizarse y curiosamente 15 años después de la vigencia de la actual Carta Magna, recién mediante Ley Nº 29133 del 13NOV2007, incorpora en la Ley Nº 28338 – Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú, la Infracción Nº 37.3.35 que tipifica como hecho “Muy Grave” “Participar en forma directa en actividades políticas o sindicales”, sancionado con Pase a la Situación de Retiro al Policía “infractor”.

Como si esto fuera poco la Ley Nº 29133 también adiciona a la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú como hecho “Muy Grave”, la Infracción Nº 37.2.32-A, con el siguiente texto: “Ejercer la defensa legal en procedimientos administrativos, así como en procesos judiciales contra la institución o sus representantes; salvo en causa propia o en defensa del cónyuge, hijos, padres, hermanos; o con autorización expresa del comando institucional”, sancionado hasta con pase a la Situación de Disponibilidad por siete meses. Es decir un Policía en situación de actividad que sea Abogado, no puede ejercer la defensa legal en apoyo de sus compañeros de trabajo, porque puede ser pasado a la Situación de Disponibilidad. Esta incompatibilidad que nace en la Policía Nacional, no se encuentra prevista en la ley ni tampoco existe restricción alguna al respecto.

Volviendo al SUPP, podemos apreciar - del contenido de sus Pronunciamientos - que se trata de generar – no obstante el impedimento legal existente - un movimiento sindical que promueva la atención y soluciòn de los múltiples problemas laborales que aquejan al marginado sector policial en base a la unidad de los efectivos policiales tanto en actividad como en situación de retiro y del apoyo de sus familiares directos como es el caso de las esposas, viudas y deudos; es decir la defensa de los derechos de los Policías. Pero entonces nos preguntamos, ¿Cómo es que surgen estas expresiones de malestar que denotan una especie de sensación de abandono y falta de preocupación total por parte del Estado y de la propia institución policial para atender las demandas de los Policías en situación de actividad, retiro, discapacitados, viudas y deudos si para eso existe la Defensorìa del Policía, que es la institución creada por el Ministerio del Interior, como encargada de la Defensa de los Derechos de los Policías?

II. Situación de la Defensorìa del Policía

Desconozco si los forjadores del SUPP han recurrido previamente a la Defensorìa del Policía. Pero lo cierto es, que la Defensorìa del Policía, ha perdido totalmente credibilidad, la doctrina y la filosofía de trabajo que inspiró su creación y constitución en el año 2002. Sumado a la ausencia total de liderazgo en todas sus instancias de dirección y organización (y la evidente falta de respaldo político), está la falta de conocimiento y compromiso de sus integrantes con el tema de defensa de derechos de los Policías en particular, generando que los problemas que deben afrontar los policías tanto en situación de actividad como en retiro, viudas, huérfanos, deudos y familiares se agudicen y se institucionalicen frente a la burocracia indiferente de quienes tienen la obligación de darle solución inmediata (el Sector Interior y/o el Comando de la PNP).

Y quien defiende al Policía?. No, no es la Defensorìa del Policía. Este organismo burocrático que depende directamente del Despacho del Ministro del Interior, se encuentra conformado en su mayoría por personal nombrado del Sector Interior y personas contratadas mediante la modalidad de Servicios No Personales, no realiza actualmente ningún esfuerzo adicional para defender los derechos del policía, que no sea el procedimiento rutinario de dar charlas de difusión sobre su existencia o de recibir las quejas y peticiones individuales de quienes se consideran afectados o vulnerados en sus derechos por parte de la administración Policial o del Sector Interior, aperturando dilatorios procedimientos administrativos (que justifican estadísticamente su producción y su existencia) acumulando documento tras documento sin ningún criterio técnico y que en el 90% de los casos tienen resultados negativos para el usuario, sea por la excesiva burocracia existente al interior de la misma Defensorìa del Policía, en donde tampoco han sido ajenos los casos de corrupción (solicitud de dádivas para acelerar algún tipo de procedimientos), sea por lo dilatado de los procedimientos (hasta ocho meses de acuerdo a su propia reglamentación), sea por el desaliento del usuario al ver que no consigue los resultados esperados, sea por la falta de atención a los pedidos reiterativos para que la administración policial responda los oficios y documentos que se le remiten, sea por la falta de ascendencia que tiene la Defensorìa del Policía sobre la administración policial, etc. Procedimientos personalizados como la persuasión, la intermediación, la celeridad y la inmediatez para la resolución de las quejas y peticiones recibidas, ya quedaron en el olvido para la Defensorìa del Policía.

Pero además, resulta lamentable destacar, que los funcionarios de la Defensorìa del Policía actualmente, son incapaces de dar un paso fuera de su local, si es que no se les abona por concepto de movilidad, en todo caso apelan a la falta de movilidad o de transporte para justificar la inercia o falta de interés en la atención de los casos a su cargo, priorizando por esta razón el trabajo de oficina y no de campo – como debería ser - en el tema de defensa de derechos humanos y de los derechos fundamentales del Policía.

Entonces quien defiende al Policía?. La respuesta es: ¡¡Nadie!!. Es el mismo Policía, quien tiene que defenderse acudiendo a las instancias judiciales y vía sentencia judicial lograr el reconocimiento de sus derechos, cuando agotada la vía administrativa se ve vulnerado en sus derechos y reclamos. Esta es una situación muy delicada, pero que ante la indiferencia de quienes tienen la responsabilidad de la defensa de los derechos del policía, vemos que actualmente son cada vez mas frecuentes los casos en que el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional – en algunos casos también la Defensorìa del Pueblo - tienen que asumir la defensa de estos derechos, declarando el abuso, la discriminación o la arbitrariedad de los encargados de la administración policial en contra de sus administrados, es decir de los mismos Policías, para que se les reconozca sus derechos.

Esta frustración que sienten los Policías de no tener un organismo de defensa de sus derechos, ¿no podría ser acaso un factor contributivo para que movimientos como el “Sindicato Unico de la Policía Peruana”, intenten surgir de la clandestinidad para apelar por un reconocimiento, para tener la garantía de que sus derechos serán atendidos? Ojala no se subestimen las iniciativas policiales y no se trate de neutralizar, desprestigiar, reprimir o intimidar a los autores de esta importante iniciativa de defensa sindical del colectivo policial. Los tiempos han cambiado y en la misma forma como se ha modificado la Carta Magna para otorgarle el voto a militares y policías, otorgándoseles por primera vez su Documento Nacional de Identidad (DNI); y en la misma forma como se ha modificado el régimen disciplinario policial para proscribir como sanción aquellas que se encontraban vinculadas con restricciones de la libertad (Arresto de Rigor y Arresto Simple); en el primer caso algo que se veía lejano y como un hecho imposible por cuanto se pensaba que las instalaciones policiales serian sedes de proselitismo e infiltración política y en el segundo caso se le consideraba a la propuesta como un atentado contra el orden y la disciplina; nada de eso ha pasado; hoy en día dar un paso a la sindicalización de la Policía, resulta una cuestión altamente compleja, escandalosa para algunos, descabellada para otros en el contexto de la realidad y particularidades de nuestro país, y que al entender de algunos generaría un estado deliberativo que afectaría la seguridad de las personas, más aún si se considera que la policía detenta el monopolio de la fuerza pública y como tal resultaría altamente riesgoso darle oportunidad a los policías para que hagan paros, huelgas, toma de locales, movilizaciones, etc.

Sin embargo; modernas corrientes vinculadas al respeto por los Derechos Humanos, entre ellos a los derechos laborales de los trabajadores y las experiencias que se vienen dando en otros países – particularmente en Europa - , podrían generar en nuestro país nuevas corrientes de opinión para que se plantee el debate necesario con respecto a las modificaciones constitucionales que puedan dar paso a esta justa expectativa laboral de algunos integrantes de la Policía Nacional del Perú – con las restricciones del caso claro está - , por cuanto en los países donde existen organizaciones sindicales de policías, el contexto de su funcionamiento es totalmente distinto, al que sus detractores quieren atribuirle. No sabemos si todos los policías estarán de acuerdo con la sindicalización.

Quizás entonces, sea necesario que quienes tomaron esta primera iniciativa en el Perú, afinen sus procedimientos para no generar una equivocada percepción ante la opinión pública y ante las autoridades de gobierno que se quiere formalizar un gremio sindical de policías para propiciar caos, enfrentamiento, inseguridad, violencia y desorden, en vez de propuestas alturadas y acuerdos beneficiosos sobre el servicio policial y la situación profesional socio - económica de sus afiliados.

Estas son alternativas que requieren un meditado análisis y estudio. Mientras tanto ¿Que va a suceder a futuro con el clandestino “Sindicato Unico de la Policía Peruana”?. Desaparecerá en la misma forma como ha surgido o irá adquiriendo mayor fuerza, experiencia y consolidando mayores argumentos para ir generando progresivamente - afinando sus procedimientos -, corrientes de opinión válidas y hasta propuestas legislativas para una reforma constitucional o por lo menos para un debate nacional? Que piensan sus promotores, ¿abandonar el intento al primer obstáculo o frente a la primera frustración?, o ¿pedir el apoyo de algún sector político, religioso o central sindical?, quizás quieran hacerse sentir propiciando un Paro Policial?. Serán estas acciones las mas recomendadas?.

Cuál será la actitud del Gobierno y de la misma institución policial?. Por lo menos con respecto a la Policía Nacional, ya vemos que incorporar como infracción muy grave en su Régimen Disciplinario la participación directa de efectivos policiales en actividades sindicales, permitirá pasar al Retiro a todo aquel policía en situación de actividad que lo intente y si hubiere algún policía en actividad con título profesional de Abogado que intentara defenderlo, también sería pasado a la situación de Disponibilidad, porque ambos estarían cometiendo Infracciones Muy Graves para el Régimen Disciplinario Policial vigente. Las cosas así, están muy claras para la Institución policial. Solo el tiempo lo dirá.

III. Sindicatos de Policías en otros países

El SUPP hace conocer en sus Pronunciamientos que ya cuenta con el apoyo de los Sindicatos de Policías de Uruguay y Argentina. Y es que en la realidad, ya existen muchos países en donde la Policía se encuentra sindicalizada en mayor o menor grado para la defensa de sus derechos, pero después de largos procesos de estudio y debate, algunos todavía están en la búsqueda de su reconocimiento formal como es el caso de Argentina. Comentaremos los mas importante; estos sin duda se encuentran en España. La legislación vigente prohíbe a los miembros de la Guardia Civil de España la formación de sindicatos, a semejanza de los existentes en el Cuerpo Nacional de Policía o las Policías Autonómicas (Mozos de Escuadra, Ertzaintza, Policía Foral de Navarra y otras) o la Policía Municipal o Local. Sin embargo, desde la aprobación de la Ley Orgánica 12/2007 de los Derechos y Deberes de los Guardias Civiles, tienen garantizado el derecho a la Asociación Profesional como forma de cautelar sus intereses laborales.

Como conocemos, la Guardia Civil, es un organismo militar que cumple funciones policiales y actualmente depende del Ministerio de Defensa. Los Guardias Civiles haciendo uso de este derecho han creado hasta la fecha formalmente, once (11) Asociaciones Profesionales de Guardias Civiles: Asociación Democrática de la Guardia Civil (ADGC), Asociación Escala de Suboficiales Guardia Civil (ASES-GC), Asociación Guardias Civiles de Galicia (AGC-Galicia), Asociación Independiente de la Guardia Civil (ASIGC), Asociación Independiente de Guardias Civiles (AIGC), Asociación Profesional de Guardias Civiles (APGC), Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Unión de Guardias Civiles (UGC), Unión Federal de Guardias Civiles (UFGCs), Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) y la Unión Profesional de Guardias Civiles (UPGC); todas ellas debidamente inscritas en el Registro de Asociaciones Profesionales de Guardias Civiles orgánicamente dependiente de la Subdirección General de Personal de la Guardia Civil.

Los logros gremiales de la Guardia Civil de España no son muy antiguos, recién el 08 de Enero del 2008, entró en vigor la orden del Ministerio del Interior por la que se habilita el Registro de Asociaciones Profesionales de Guardias Civiles, - previsto en el artículo 48 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre 2007 -, como organismos reguladores de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil. El Registro de Asociaciones Profesionales de Guardias Civiles en España se encuentra adscrito a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, dependiendo orgánicamente de la Subdirección General de Personal de la Guardia Civil española.

Pero la Guardia Civil no es el único organismo policial importante en España, también existe el Cuerpo Nacional de Policía (CNP), Instituto armado, de naturaleza civil, dependiente del Ministerio del Interior, tan igual como lo es la Policía Nacional del Perú. En el CNP se agrupan cinco Sindicatos Profesionales: El Sindicato Unificado de Policía, la Confederación Española de Policía, la Unión Federal de Policía, el Sindicato Profesional de Policía y el Sindicato de Comisarios de Policía. El Consejo de Policía es el órgano de representación paralelo de la Administración (Ministerio del Interior de España) y de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, encargado de la mediación y conciliación en conflictos colectivos y del establecimiento de las condiciones de prestación del servicio policial.

Finalmente, Sindicatos y Asociaciones de las policías autonómicas y locales, del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil han constituido la “Unión de Policías” - UPOL., que representa a más de 50.000 profesionales de la seguridad pública en España, el mismo que se ha gestado con el propósito de homogeneizar las condiciones laborales de los trabajadores de este sector, así como para mejorar la coordinación entre los distintos cuerpos policiales.

En Uruguay, existen al menos cuatro ramas sindicales policiales distintas formalmente constituidas y reconocidas, los sindicatos policiales del interior del país -concretamente en Maldonado (el más organizado), Canelones, Cerro Largo, Lavalleja, Rocha y Treinta y Tres - los mismos que se agrupan en torno a la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales (CONASIP) que coordina de manera orgánica con la Central Sindical Uruguaya denominada “Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores” (PIT-CNT). En Montevideo existen otros cuatro: el Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU), el Sindicato de Policías del Uruguay (SINPOLUR), la "Sociedad de Funcionarios Policiales de la Administración Central", y el Sindicato de Bomberos.

En Argentina, las organizaciones gremiales policiales mas conocidas son la Asociación Profesional de Policías de la Provincia de Buenos Aires (APROPOBA) creada el 20 de Octubre del 2001 y la Asociación Profesional Policial Santa Fe, esta ultima ubicada en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe – Argentina, creada el 13 de Junio del año 2001. Desde su fecha de creación hasta la actualidad, ambas organizaciones gremiales se encuentran en búsqueda de su reconocimiento oficial por parte del Gobierno argentino, sin haberlo conseguido hasta la fecha. Según el artículo 9 del convenio 87 de la OIT, los Estados deben garantizar el derecho de los trabajadores a sindicalizarse. Sin embargo, en el caso de las fuerzas de seguridad integradas por civiles armados, contempla que cada gobierno decida sobre la conveniencia de un gremio de tal naturaleza. Y en la Argentina el Decreto Reglamentario de la Ley Nº 23551 de Asociaciones Sindicales excluye expresamente a las fuerzas de Seguridad.

Ante este impedimento los impulsores de los sindicatos de policías apelan a la Constitución que, en su articulo 14º, garantiza el derecho a agremiarse y en el 28º sostiene que las normas de la Constitución no pueden ser alteradas por "leyes que reglamenten su ejercicio". Otros grupos policiales de corte gremial en formación, son la "Asociación Gremial Policial" (AGREPO), el Sindicato Policial de Buenos Aires (SIPOBA), la Asociación Unión Personal Policial de Río Negro (ASSUPOL), la Unión Personal Policial de la República Argentina (UPPRA) y el Sindicato Unico de Policía (SUP). Existe además en Argentina, la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios (FASIPP).

En casi toda Europa, en Estados Unidos y en otros países del hemisferio, de una u otra forma existen manifestaciones gremiales o sindicatos de Policías, pero en ninguno de ellos estas organizaciones actúan en la clandestinidad, ni mucho menos organizan paros, huelgas u otro tipo de manifestaciones públicas en las cuales podría ponerse en riesgo la seguridad de la población.

El ejemplo europeo nos da una muestra - a través del “Consejo Europeo de Sindicatos de Policía” – CESP -, de la forma como se administra este tipo de organizaciones. El CESP esta constituido por las organizaciones policiales sindicales de la Comunidad Europea que sean independientes de todo partido político y de todo movimiento religiosos o filosófico y que sean representativas en sus respectivos países de origen. Tiene como misión:

1. Sensibilizar a los ciudadanos y a quienes les representan sobre los problemas de la Policía.
2. Intervenir ante jurisdicciones y organismos europeos competentes cuando la utilización de la Policía sea contraria a las libertades públicas e individuales, e iniciar cualquier acción de ser necesario.
3. Poner en funcionamiento todos los sistemas de presión sindical legítimo que no comprometa ni el orden ni la seguridad pública para conducir a buen término sus reivindicaciones.
4. Luchar por la libertad sindical de los policías y de oponerse a cualquier restricción de dicha libertad.
5. Presentar a los organismos nacionales o europeos reflexiones sobre casos de sociedad que impliquen a la Policía y propuestas concretas con el fin de revalorizar la función policial en el interior y el exterior de la institución.

IV. Naturaleza civil de la Profesión de Policía.

Como bien sabemos, la Profesión de Policía forma parte del área de las profesiones jurídicas no militares, en la medida que el contenido sustantivo de su objeto propio es el de dar eficacia al derecho, concretando la fuerza de la norma jurídica. El ordenamiento de esta Profesión de Policía se asienta en el derecho público, es decir en aquella rama del derecho que se rige por la máxima de que sólo puede hacerse lo que la ley manda o permite de modo expreso. Por otra parte, la profesión policial se integra en los servicios públicos matrices de la organización y administración del Estado, por lo que su campo de acción y su inserción organizacional escapa a la determinación individual del profesional policial, respondiendo a las decisiones legales y administrativas adoptadas por las autoridades democráticamente instituidas.

La Profesión de Policía implica el cumplimiento de deberes, el ejercicio de derechos, la realización de un oficio desde un cargo y el sometimiento a una jerarquía y disciplina orgánica de tipo vertical u horizontal según el caso, bajo constante supervisión y control institucional y público. De este modo la Profesión policial está marcada por el cumplimiento de deberes y lo propio de estos y que los distingue de los derechos, es su carácter irrenunciable, por lo que según sea su naturaleza, su cumplimiento representa exigencias específicas de idoneidad legal - científica - técnica y de formación de ética.

En este sentido, la desmilitarización del cuerpo policial no puede entenderse como la mera expresión de afirmar que la PNP es una organización de naturaleza civil, sino que representa un proceso profundo que implica la interiorización de valores que han de reflejarse en diferencias metodológicas y culturales al interior de la Institución Policial. No se trata pues, que todos los miembros del actual cuerpo policial se han convertido en civiles por haberse definido sus diferencias sustanciales con las fuerzas militares. La civilidad es una condición que requiere convicciones profundas, es en esencia una opción de vida.

Es por ello que el proceso de modernización del Estado que se viene dando debe comprender también reformas importantes como es la de excluir definitivamente de la jurisdicción militar a la Policía Nacional del Perú, reconociéndola como una organización de naturaleza civil, vinculada básicamente a los gobiernos locales y a la comunidad en el ejercicio de sus funciones. La Comisión Especial de Reestructuración de la Policía Nacional del Perú constituida por RS Nº 0965-2001-IN del 03OCT2001, propusieron en su informe final de Febrero 2002, un conjunto de reformas constitucionales, entre las que se encontraba “… excluir a la Policía Nacional del Fuero Privativo Militar, con la finalidad de afirmar la naturaleza civil de la organización policial.

Reconocer la naturaleza civil de la Policía Nacional del Perú y excluirla por ejemplo del ámbito de competencia del Fuero Militar, es consolidar el proceso de desmilitarización de nuestra policía partiendo del principio de que las funciones de seguridad publica y las de defensa y soberanía son de naturaleza diferente. En el caso del mantenimiento del orden publico, la experiencia nacional e internacional nos indica claramente que dada la vinculación directa de esta tarea a la población en general, las mismas debe ser confiada a un órgano esencialmente de naturaleza civil, como es el caso del Perú.

V. El derecho a la sindicalización policial en las Constituciones de otros países.

Abordaremos el comentario del derecho a la sindicalización, conforme lo expresan las Constituciones de algunos países, desde el punto de vista de las restricciones, limitaciones o exclusiones dirigidas de manera específica a los integrantes de la Policía.

En primer lugar, diremos que las Constituciones de los siguientes países, no restringen, no limitan ni excluyen del derecho a la huelga y a la sindicalización a las personas que laboran como policías; estos son los siguientes: Argentina, Uruguay, Venezuela, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Bolivia, Brasil, Chile (solo prohíbe el derecho a huelga), Ecuador (lo restringe con sujeción a las regulaciones del derecho administrativo), Guatemala (restringe su participación en actividades políticas partidaristas), República Dominicana (lo restringe con respecto a la huelga).

En segundo lugar, los siguientes, son los países que si restringen, limitan o excluyen del goce del derecho sindical a los miembros de la Policía: Colombia, los excluye del goce del derecho sindical; Panamá exceptúa de este derecho a los miembros de la Policía; Perú, restringe el derecho a la sindicalización y huelga reconocido en el caso de los servidores públicos, excluyendo a los miembros de la Policía Nacional.

VI. La situación de los integrantes de la Policía Nacional del Perú

Actualmente, los integrantes de la Policía Nacional del Perú, no disponen de la facultad legal de organizar un sindicato, por cuanto existe un mandato constitucional que expresamente excluye a los policías de este derecho.

Hay que tener en cuenta que tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional no son independientes del Estado, sino que lo representan y lo integran, ya que son depositarias exclusivas del monopolio de la fuerza pública y garantes de la soberanía nacional y la seguridad interna. Lo cierto es, que al ratificar el Gobierno por intermedio de la Constitución Política del Estado, su decisión de excluir a las FFAA y Policía Nacional del derecho a la huelga y a la sindicalización, lo hace tomando en cuenta los instrumentos internacionales de los cuales el Perú es parte, que señalan uniformemente que el ordenamiento jurídico ha ejercido el derecho de limitar el ejercicio de la libertad sindical a los integrantes de las FFAA, de Seguridad y Policiales, y que tal restricción en medida alguna constituye violación alguna a la letra y espíritu del Convenio Número 87 de la Organización Internacional del Trabajo - OIT.

Efectivamente, el Convenio Número 87 de la OIT permite que la normativa vigente en cada Estado Miembro de la OIT admita o no la constitución de sindicatos, tanto para las fuerzas armadas como para la policía, y el artículo 8º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales garantiza la libertad de constituir sindicatos, aceptando como única restricción aquella que necesita la sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o el orden público. Asimismo, el artículo 22º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratifica la plena vigencia del derecho a asociarse libremente, preservando la restricción legal al ejercicio de tal derecho cuando se trate de miembros de las fuerzas armadas y de la policía, y el artículo 16º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), expresa en su punto tercero: “Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía”.

Es verdad que históricamente ha existido en el Perú, una segregación de los policías (y con mayor razón de los militares) del mundo de las reivindicaciones profesionales por temor a una politización partidarista que pudiera afectar la unidad de la organización policial; así, los derechos de sindicalización, manifestación, petición colectiva, reunión, expresión, se han visto afectados, convirtiendo a los policías en los “grandes mudos” de la administración pública, inclusive en cuanto a su posición socio – económica – remunerativa. La Ley Marco del Empleo Público – Ley Nº 28175 del año 2005, en el Articulo III.- Ambito de Aplicación, de su Título Preliminar, deja expresamente establecido que: “No están comprendidos en la presente Ley los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú”. ¿Entonces que ley ampara los derechos de los integrantes de la Policía Nacional del Perú?

En concreto, los argumentos que siempre se han manejado para excluir a los miembros de la Policía Nacional de la posibilidad de intervenir activamente en la defensa de sus intereses profesionales, han sido fundamentalmente los siguientes:

1. Exigencias de funcionalidad y eficiencia: Se entiende que una organización policial en el que sus miembros puedan unirse para defender sus intereses, puede verse contrapuesto al mando y a los órganos gubernamentales o dividirse internamente.

2. Peligro de politización

3. Ni la organización sindical, ni sus métodos o procedimientos son aplicables a una categoría de servidores públicos cuya relación excluye la existencia de un contrato de trabajo en cuanto participan en funciones publicas esenciales.

4. Existe en la Policía Nacional un principio de jerarquización que contradice el principio de democratización sindical, siendo este último un presupuesto esencial a los fines del reconocimiento de la tutela de las asociaciones sindicales como sujetos colectivos del derecho del trabajo. Una asociación sindical es un grupo colectivo de trabajadores unidos por la afinidad y la solidaridad y que poseen un funcionamiento autónomo de los empleadores y del propio Estado.

5. Ni la Constitución Política del Estado, ni las normas internacionales, ni el régimen disciplinario interno policial, ni la jerarquía policial permiten que los policías desarrollen actividad reivindicativa alguna.

Sin embargo, recordemos que algo similar se decía cuando se discutió el derecho al voto para policías y militares. ¿Y que puede contestarse a estos argumentos? Fundamentalmente que en aquellos países en los que los aspectos normativos y económicos de la condición policial son desarrollados con intervenciones de organizaciones sindicales no se ha producido – a saber – ningún proceso de politización, mientras que procesos de este género se han dado allí donde movimientos sindicalistas han surgido clandestinamente, por cuanto ante el desamparo legal, surgen los “que apoyan”, entre ellos políticos, sindicalistas, arribistas, interesados y hasta “infiltrados” de toda índole. Ello ha producido mayor daño a la eficiencia y neutralidad de la Policía, que el procedimiento contrario de organizar cauces legales.

La libertad sindical del personal de la Policía Nacional, si bien es cierto no ha sido un tema que haya generado hasta la fecha mayor interés nacional, siempre se verá obstaculizada por las dificultades comunes al reconocimiento de las libertades sindicales en el seno de la función pública, por las exigencias de sumisión al poder jerárquico de la misma Institución, incompatibilidad de la huelga con los principios de regularidad y continuidad de los servicios públicos; pero especialmente por la “militarización” de la organización policial que acentúan la incompatibilidad entre Policía y ejercicio de la libertad sindical, con la peculiaridad de que, en consecuencia, se argumentará también sobre la base de la posible “politización” de la Policía. A todo ello se añade la consideración de la Policía como “servicio público esencial” y la preocupación permanente de los gobiernos de disponer – como no - de una “Policía leal”. Este conjunto de factores, como estamos viendo, ha determinado que los instrumentos internacionales que se ocupan del derecho de sindicalización establecieran la posibilidad de limitaciones e incluso exclusiones de las garantías previstas, en relación al personal de la Policía. En nuestro caso, el Art. 42º de la Constitución Política del Perú que reconoce los derechos de sindicalización y huelga de los servidores públicos, señala expresamente que no están comprendidos en este derecho, los miembros de la Policía Nacional (y de las FFAA).

Siendo entonces una potestad de los Gobiernos, en el Derecho comparado europeo, encontramos que en el Derecho italiano, la Ley de 1 de abril de 1981, número 121, reconoce la libertad sindical de los miembros de la Policía del Estado italiano, pero no se admiten relaciones de adhesión o afiliación de los sindicatos de Policía con otras centrales obreras. Por el contrario, se preveen expresamente una serie de garantías de los derechos de reunión por motivos sindicales (permisos) y se garantiza la libertad de expresión en este ámbito. Se prohíben las reuniones con uniforme (aun cuando se realicen fuera de servicio), así como la asistencia a manifestaciones en iguales circunstancias. Igualmente se recoge un procedimiento a fin de fijar las condiciones económicas de trabajo, con intervención del gobierno y una delegación de las organizaciones sindicales más representativas a nivel nacional, siendo objeto de negociación, entre otras cuestiones, los niveles retributivos, los horarios de trabajo, permisos y licencias, horas extraordinarias, criterios para la formación y actualización profesional.

Con referencia al Derecho francés, se distingue en aquél, muy claramente, entre lo que son Fuerzas policiales civiles y Fuerzas militares de Policía. Entre los primeros, el personal de la Policía Nacional está sometido al Estatuto General de la Función Pública, caracterizado por la prohibición de la huelga (ley 28 de septiembre de 1948, artículo 2.°), si bien no de otras libertades sindicales. Por su parte, la Gendarmería es un Cuerpo de organización militar, y, en razón de su cualidad de militares, sus miembros no gozan de la posibilidad de constituir sindicatos (artículo 10 ley citada antes) ni pueden adherirse a grupos profesionales.

VII. Reflexión Final

El tema de la sindicalización policial ya no es ni puede seguir siendo un tabú para lo gobiernos ni para los mismos ciudadanos en Latinoamérica, tampoco podemos seguir aferrandonos a que la Constitución lo prohíbe puesto que todo es susceptible de cambio. Para el caso peruano, no podemos considerarnos una isla en un continente, donde este tema ya se viene discutiendo y amoldando de alguna manera a las diversas legislaciones existentes. A nivel internacional el Consejo Europeo de Sindicatos de Policías, compuesto por casi dos decenas de organizaciones sindicales nacionales, ha afirmado que "el derecho de los policías de constituir sindicatos para la defensa de sus intereses y la mejora del servicio público que representan, no presenta excepciones en un país que se tiene por democrático".

La discutida sindicalización de los trabajadores policiales – no militares - permitiría una representación colectiva que defienda los intereses laborales del sector, sin por ello debilitar o afectar los principios de disciplina y subordinación imperantes en la Institución policial, aspecto, claro está, que si realmente preocupa a quienes ocupan las más altas jerarquías y el Comando en la Policía Nacional. He aquí el desafío planteado: reconocer y proteger los derechos hasta ahora restringidos de un colectivo laboral policial y, simultáneamente, adoptar una reglamentación que impida que sus eventuales medidas de fuerza obstruyan el normal desenvolvimiento del servicio de seguridad que prestan a la población. En realidad es un tema sumamente complejo pero que ya se debe ir desarrollando en el plano de la doctrina.

Los entendidos advierten que el otorgar el derecho de sindicación a las fuerzas de seguridad resulta además una cuestión altamente riesgosa en el contexto de la realidad y particularidades del país, generando un estado deliberativo que afectaría la seguridad de las personas, más aún si se considera – como ya lo hemos dicho - que la Policía Nacional conjuntamente con las FFAA detentan el monopolio de la fuerza pública a tales efectos.

Para ello, es necesario considerar definitivamente a la Policía como un servicio esencialmente de naturaleza civil y, por ende, sin razón para seguir manteniendo su militarización ni su carácter de no deliberante. Su personal profesional y jerarquizado, como cualquier otro trabajador debe y tiene el derecho a la sindicalización, de eso no cabe duda; pero esto no significa de ninguna manera – vuelvo a repetir - que se le reconozca el derecho de huelga y menos aún el de indisciplina o sedición, pero sí el de discutir sus condiciones laborales, su posibilidad de emitir opiniones públicas - en particular sobre su equipamiento y condiciones salariales - y de peticionar pacíficamente en grupo y en traje de civil, como paso indispensable para desarrollar la conciencia profesional.

Por ese motivo, esta reflexión final, está dirigida a los hombres y mujeres de la Policía Nacional, en situación de actividad y retiro, a la viudas, a los discapacitados, a los huérfanos, a los deudos y familiares en general que vienen participando de este histórico acontecimiento de liderar desde la clandestinidad el “Sindicato Unico de la Policía Peruana” (SUPP); a ellos me dirijo: En primer lugar para felicitarlos por esta iniciativa, han logrado convertirse en forjadores y en los iniciadores de una larga lucha y que necesariamente tendrá que pasar por diferentes etapas y procesos, para llegar al objetivo final el de lograr se acepte la sindicalización policial en el Perú mediante las reformas constitucionales que se requieran y las reglamentaciones pertinentes.

Considero no obstante – según mi opinión - que el denominado “Sindicato Unico de la Policía Peruana” (SUPP), si bien es cierto se ha convertido desde ya en el pionero de la sindicalización policial en el Perú; no está dando los pasos adecuados para conseguir estos objetivos gremiales tan importantes para los integrantes de la Policía Nacional; por las siguientes razones:

1. No se puede surgir clandestinamente de la noche a la mañana, solicitando al Gobierno y al Congreso de la República el inmediato reconocimiento de la sindicalización policial sabiendo que de hecho se encuentra constitucionalmente prohibida en el Perú;

2. Tampoco se puede solicitar agresivamente la atención de demandas de derechos postergados de los policías – justas y ciertas – amenazando con medidas de fuerza como paros (Pronunciamiento Nº 03 – Paro Nacional de PNP y Pronunciamiento Nº 05 – Balance del Paro del 14 de Agosto del 2007) y huelgas “siguiendo el ejemplo del 5 de Febrero de 1975”.

3. Tampoco se pueden efectuar pronunciamientos haciendo conocer que las autoridades de gobierno se pretenden burlar de “nuestra organización sindical sólida” cuando bien sabemos que no es así, no existe tal organización sindical de manera formal y tampoco es legalmente posible su reconocimiento, puesto que una reforma constitucional no se hace de un año para otro.

4. Tampoco se puede exigir al Gobierno que acceda a las demandas de una organización clandestina que lo amenaza constantemente – vía Internet o volantes - si no se cumplen sus demandas laborales vía pronunciamientos y comunicados que se distribuyen vía email o volantes.

5. Tampoco es estratégico, anunciar la “¡preparación de medidas de Fuerza para el 2008 a Nivel Nacional, único medio para que se atienda nuestras demandas!”, porque estamos demostrando predisposición a la beligerancia y al violentismo, de manera contradictoria con el reclamo de las justas reinvindicaciones policiales que de ninguna manera pueden tener en la violencia su sustento para ser solucionados (Pronunciamiento Policial Nº 09).

6. Mucho menos podemos pretender vincular al SUPP de la manera como se propone en el Pronunciamiento Policial Nº 07: “2.… articulando al SUPP a los sectores organizados del pueblo que lucha por el Nuevo Perú. 3.- Invocar el apoyo de todos los sectores organizados del pueblo, porque el SUPP es parte de ella”, porque se estaría desnaturalizando el verdadero objetivo de la sindicalización policial, al pretender vincularla con todo tipo de organizaciones gremiales, sindicales, sociales, políticas, etc. . Planteamiento que de por si, resulta sumamente riesgoso.

7. No podemos tomar el ejemplo de la sindicalización policial que se viene dando tanto en Europa como en algunos países de nuestra región (Particularmente España, Uruguay y Argentina), por cuanto en esas realidades las Cartas Fundamentales no prohíben ni restringen la sindicalización policial, como si sucede en el Perú; en dichos lugares esta restricción se da por legislaciones de menor rango, de allí que las luchas gremiales van por el camino correcto de lograr que en virtud del mandato Constitucional que no prohíbe expresamente a la Policía el derecho a tener sus sindicatos, finalmente se logre el reconocimiento formal de los gremios sindicales de la Policía. Tampoco podemos seguir argumentando que estamos en la vía correcta de lograr este importante derecho cuando nos encontramos en la clandestinidad y actuamos bajo parámetros de ilegalidad definidos por nuestra actual Constitución.

Pero todo lo expuesto no implica la falta de reconocimiento de los derechos de los integrantes de la Policía Nacional a partir de la implementación de mecanismos administrativos adecuados donde dichos derechos sean garantizados. Hemos visto que la Defensorìa del Policía ha resultado un rotundo fracaso. Esto significa que los Policías en situación de actividad o en retiro, interesados en lograr estos objetivos laborales de manera progresiva, podrían organizar formalmente – por ejemplo - una Asociación Profesional de Policías del Perú (APPP) o un Colegio de Profesionales de Policías del Perú (CPPP), inscribirse en los Registros Públicos y obtener su reconocimiento oficial, como base para iniciar el estudio de este y otros problemas que aquejan a la Policía Nacional del Perú, con la posibilidad de poder presentar los estudios y proyectos que sean necesarios para generar a través de una corriente de opinión válida, los argumentos necesarios que justifiquen la existencia de un movimiento policial sindical, sin amenazar al gobierno, sin generar distorsiones sobre los verdaderos fines que debe tener la organización sindical, sin propiciar la violencia, ni hacer apologías de hechos pasados violentistas.

Esta iniciativa es totalmente válida y legítima. La APPP o el CPPP (el SUPP, la FENASEEC-PNP o FEDERPOL inclusive o cualquier otra organización policial ya creada) podrían – previa adecuación de sus estatutos - ser organizaciones representativas del personal policial en situación de actividad o retiro, de libre adhesión, profesional, democrática, apolítica, independiente, neutral, imparcial, con personalidad jurídica propia y plena capacidad legal de actuación para el cumplimiento de estos fines.

Todos los organismos creados o por crearse, tendrían que tener absoluta autonomía e independencia de la administración pública, de la Policía Nacional, de los partidos políticos y de cualquier organización sindical, religiosa o de cualquier otro tipo de organización que intente afiliarla o relacionarla. No se puede lograr nada concreto actuando como se está haciendo actualmente, desde la clandestinidad. Apoyo la idea de continuar en el camino de la democratización de los integrantes de la Policía Nacional, pero dentro de un contexto que legitime sus procedimientos, de no ser así, creo que todo esfuerzo que tenga matices de violencia o agresividad, que no tienen razón de ser dentro de los objetivos que se esperan alcanzar, serán inútiles. Espero que mis opiniones y reflexiones ayuden a los buenos propósitos. Marzo del 2008.


(*) Hugo Muller Solòn
- Abogado
- Coronel PNP ®
- Ex – Defensor del Policía (2005 – 2006)

Óscar Pedraza: La lucha por el regreso

El Comercio martes 01ENE2008

PERSEVERANCIA. Después de 23 años y 7 meses, el suboficial Óscar Pedraza Sierra fue reincorporado a la Policía Nacional. Más que un regreso, se trata de una reivindicación de su nombre y honor después de haber sido acusado de terrorista y tildado de loco

Por Gonzalo Galarza

Cuando Óscar Pedraza Sierra se enteró de su reincorporación a la Policía Nacional se quebró y empezó a llorar: después de veintitrés años y siete meses la justicia le daba la razón. Había llamado a su esposa y a sus cuatro hijos para darles la noticia y celebrar. Emocionado. Luego le avisó a una de sus hermanas y no resistió más: ambos se unieron en un coro de llanto y sollozos. El suboficial de segunda Pedraza consiguió anular la resolución que lo mandó al retiro por "medida disciplinaria". Cuando en ese entonces era cabo de la Guardia Civil y acusó de corruptos al director de la institución, el general Juan Balaguer Morales, y a otros altos mandos. Al final, tras leer la resolución en Internet, y llorar y abrazarse con su familia en su casa, abrió una botella de pisco y brindó.

Para un uniformado de vocación y corazón regresar a las filas de la policía después de más de dos décadas es como volver a nacer. Para Óscar Pedraza prácticamente es un milagro. Sentado en la oficina de su hogar, el suboficial dice que han reivindicado su nombre, su honor. Porque Pedraza fue acusado de terrorista y comunista cuando alzó su voz de protesta. Incluso quisieron tildarlo de loco. El suboficial Pedraza hincha el pecho cuando habla de su participación en las grandes huelgas policiales. Como si fuera un libro de historia, narra las fechas y los hechos que lo llevaron, junto a sus colegas, a salir a las calles. "5 de febrero del 75, 25 de mayo del 83 y 15 de mayo del 87", empieza a enumerar y añade: "Los policías peruanos somos los pioneros de la lucha social en el mundo". Y se remonta a 1919: un grupo de uniformados se suma a los reclamos por la jornada de las ocho horas laborales. A Óscar Pedraza le invaden los recuerdos de manifestaciones, marchas y huelgas de hambre. Pero hay un día en ese recorrido por la historia de su vida que lo marcó para siempre.

LA TOMA

"Cuídate, Pedraza, porque las denuncias que has formulado contra el comando se han revertido en tu contra, supuestamente no hay pruebas y no se han acreditado tus denuncias. Entonces posiblemente el comando asumirá algunas actitudes de represalia contra tu persona". La voz al otro lado del teléfono era del suboficial Maldonado, quien estaba a cargo de transcribir la investigación. En el año 83, Pedraza y otros policías habían denunciado a un coronel por malversación de fondos destinados al rancho y el mal uso de combustible. A sus acusaciones se sumaron otras contra el general Balaguer.

El cabo Pedraza quedó muy preocupado. "Te vamos a matar cobarde, eres un desleal", lo amenazaron. Tenía esposa y dos pequeños hijos. Once años de servicio. Entonces vinieron los cambios intempestivos: lo trasladaron a tres unidades en tres meses. Empezaron a seguirlo, a controlarlo al límite. En esa época estudiaba Derecho y le negaban los permisos para ir a clases. Le crearon una imagen de conflictivo. Y sus propios colegas empezaron a alejarse. Lo dejaron solo. Un año después llegó la orden: lo enviaban a una zona de emergencia en Ayacucho. Era como mandarlo a la muerte. No temía a Sendero Luminoso, sino que una "bala perdida" disparada del revólver de un colega lo matara. Y decidió tomar la iglesia de San Pedro, en el Centro de Lima, junto a dos compañeros que estaban por pasar al retiro tras denunciar a la corrupción.

Óscar Pedraza ha sacado el archivo periodístico que cuenta lo ocurrido aquel 2 de mayo del año 84. En una imagen se lo ve entregando el pliego de reclamos al sacerdote José Antonio Eguillar, rodeado por los guardias Diego Maldonado Ramírez y Presentación Santa María Salazar. El cabo Pedraza era el único que llevaba puesto el uniforme. No usaba la barba en forma de candado ni tenía el cabello canoso como luce ahora. En otra fotografía aparece declarando a la prensa. Luego, rodeado por varios policías y conducido en un patrullero. Resguardado.

El Comercio publicó la nota al día siguiente. "Tres miembros G.C. tomaron ayer iglesia durante seis horas", decía el titular. Pedraza fue encarcelado durante año y medio y dado de baja. Nunca le permitieron ejercer su derecho a la defensa, asegura. Medio año después, la contraloría sugirió la destitución del general Balaguer, pues, según afirma Pedraza, había depositado en la banca privada 6 mil millones de soles (de los antiguos) destinados a la lucha antisubversiva para ganar intereses. Balaguer solo fue invitado al retiro, Pedraza continuó preso.

En todo ese tiempo sus hijos creyeron que papá trabajaba en un lugar alejado y que por eso no dormía en casa. Su esposa tuvo que dejar su carrera de Psicología y se convirtió en vendedora. Cuando salió en libertad, luego de que una comisión del Congreso intercediera por él, nadie le quería dar trabajo. Fueron épocas duras. Hizo de taxista, mensajero y guardia de seguridad. Encontró apoyo en sus catorce hermanos y sus padres y acabó Derecho, su segunda carrera. Años atrás había estudiado Periodismo. Así fue como empezó a luchar por su reincorporación y su honor.

EL REGRESO

El suboficial Pedraza viste de civil como hace más de dos décadas. Lleva puesto un terno y los zapatos bien lustrados. En el maletín están guardadas las dos resoluciones: la que lo dio de baja y la del regreso o como prefiere llamarla: el preferente histórico contra el abuso y la arbitrariedad. El tiempo hace que hable sin rencor, pues confiesa haber perdonado a los que lo inculparon y acusaron. Alguna vez se encontró frente a frente con el general Balaguer: Lo miró, pero el general no le dio la cara, fue una victoria moral.

La voz de Pedraza se apaga cuando recuerda haber sido tratado por sus propios colegas como un infectado. Porque si hay algo que extrañó en estos 23 años y 7 meses de retiro obligado es la amistad y la solidaridad del cuerpo policial. A cambio encontró en la Federación Nacional de Suboficiales, Especialistas y Empleados Civiles de la Policía Nacional (Fenaseec) una nueva familia. Tiene seis años como presidente y su vida, más que un guion para una película, es un testimonio alentador para sus colegas que no encuentran un espacio para ser escuchados. Pedraza cuenta que muchos están cansados de callar, agachar la cabeza y tapar ciertos maltratos e irregularidades. El nombre de la revista de su agrupación no puede ser más adecuado: "La Voz Policial". No haberse amilanado lo ha convertido en un referente. Muchos colegas lo buscan para que los asesore legalmente. "No creo que este récord sea superado en muchos años. A nadie han reincorporado después de tanto tiempo", señala orgulloso.

El suboficial Pedraza está por ingresar al Complejo Policial Juan E. Benítez Luna, en el Rímac. Lo han citado para las diez de la mañana. En el caso de Pedraza, el inicio del año sí corresponde al inicio de una nueva vida. Ha sido reincorporado, pero optará por pasar al retiro. Dice que su familia no quiere que vuelva después de los maltratos sufridos. Que habría conflictos internos. Que lo limitaría en sus actividades gremiales y en su libertad de opinión. Además, ya cumplió el tiempo establecido para solicitar su pase. Pedraza ha limpiado su apellido y el honor de su familia, pero aún falta lograr que le retribuyan lo que dejó de percibir en todos esos años. Ahora su lucha es por la sindicalización de los policías. Mientras posa para la foto mostrando su resolución, pasan algunos colegas y lo saludan.

-Pedraza, le gritan.

-¿Ya?, le preguntan.

Pedraza no responde, solo sonríe. Otra vez es policía

SINDICATO Y HUELGA POLICIAL

La FENASEEC-PNP, fija el año 1919 como fecha de inicio de la lucha reivindicativa de la policía peruana, existen testimonios fotográficos y documentos que prueban la participación de policías en la jornada por las 8 horas de trabajo. En 1959 el colega PRUDENCIO HUAMOLLE fue condenado a muerte, por el paro policial que dirigió en el cuartel El Potao, pena que fue suspendida, luego se dio la huelga policial del 5 de febrero de 1975, la cual fue severamente reprimida.

La idea de la sindicación policial, nace en enero de 1979, con el nombre de SINDICATO ÚNICO DE LA POLICÍA DEL PERÚ, así mismo la denominación Familia Policial nació el 6 de agosto de 1981 en la Plaza Bolívar, actos que están debidamente documentados.

Es necesario recordar algunos hechos a fin de que se logre entender ¿POR QUE ES NECESARIO UN SINDICATO POLICIAL?

1979.- el colega JORGE CARO VALERA, estando en actividad y durante el gobierno militar del dictador general EP Francisco Morales Bermúdez, denuncio actos de corrupción en la policía y se pronuncio por distintos medios de prensa, incluso uniformado formalizo sus denuncias en el Congreso Constituyente, fue detenido y enviado a prisión. A partir de 1980 se comienzan a dar diversas acciones reivindicativas, las más resaltantes fueron las siguientes:

1980.- paralización de labores de los colegas de Arequipa y Cuzco.

1983.- paro policial donde la cabeza visible fue el sargento PALOMINO MARCOS, y participaron dirigentes policiales como DIEGO MALDONADO RAMÍREZ, PRESENTACIÓN SANTAMARÍA SALAZAR, OSCAR PEDRAZA SIERRA, JUAN CUEVA VARGAS.

1984.- el ingreso a la iglesia San Pedro y huelga de hambre asumida por DIEGO MALDONADO RAMÍREZ, PRESENTACIÓN SANTAMARÍA SALAZAR, OSCAR PEDRAZA SIERRA, debido al incumplimiento de los acuerdos originados del paro del 25 de mayo del 1983.

1987. - se organizo la huelga policial que duro 4 días, algunos de los organizadores aun están en actividad y son parte del MOVIMIENTO POLICIAL JUSTICIA Y DIGNIDAD, (MPJD). Es cierto que otros colegas también promovieron esta huelga, sin tener un nexo comunicativo con los organizadores principales, los que estuvieron presos por dicha huelga fueron: CARLOS SÁNCHEZ LAOS, JAIME ZEGARRA ZEGARRA, ALBERTO VIDAL VÁSQUEZ, JUAN RUBIO VEGA, BARRON ARCINIEGAS, estos 5 colegas estuvieron presos 5 meses; JUAN CUEVA VARGAS, DAVID ROLDAN INFANTES, CASTRO QUEVEDO y el exponente estuvimos detenidos desde junio 1987 a julio 1988.

En septiembre del 2005 el MOVIMIENTO POLICIAL JUSTICIA Y DIGNIDAD, (MPJD), conformado por policías en actividad, realiza su primera conferencia clandestina donde da a conocer un petitorio, como era de esperar algunos “personajes” quisieron aprovecharse de esta acción para confundir al personal policial y a la opinión publica y aparecer como si fueran los representantes en la legalidad de dicho movimiento, sumado a esto el ejecutivo informo que solo daría un bono, un aumento de 100 soles y el pago de vacaciones al personal en actividad, ambas situaciones obligaron a que el MOVIMIENTO POLICIAL JUSTICIA Y DIGNIDAD, (MPJD) arriesgando la seguridad de sus miembros realizara una segunda conferencia clandestina, para desmentir a estos “personajes”, según consta en los documentos audio visuales difundidos por los medios de comunicación y solicitar que el bono, aumento y pago de vacaciones fuera también para los retirados, discapacitados y viudas, cosa que se logro.

Lo cierto es que hasta la fecha en el plano clandestino de la lucha solo el MOVIMIENTO POLICIAL JUSTICIA Y DIGNIDAD, (MPJD) a demostrado que están en actividad y que tiene capacidad he infraestructura para realizar conferencias de prensa clandestina, en septiembre del 2005 realizo 2 conferencias.

En el plano abierto y legal de la lucha, es la FENASEEC-PNP con sus 52 asociaciones afiliadas en las 25 Regiones del país, que a logrado mediante las marchas nacionales y conferencias de prensa, mantener la problemática de la Familia Policial en el debate nacional, participando en audiencias, presentando petitorios y de esta manera forzando el cumplimento en parte de las deudas acumuladas a la Familia Policial.

No se puede negar que desde comienzos del 2007 y hasta la fecha la tensión al interior de la Policía Nacional, no solo por la corrupción interna y el abuso, si no, por la falta de remuneraciones y pensiones dignas, y el no pago oportuno de las deudas acumuladas, además de la miserable situación en la que se encuentran los centros y hospitales de salud, esta situación a soliviantado los ánimos y el personal en un 90% esta dispuesto a acatar una medida de fuerza, llamase huelga policial.

Creemos que anuncios reiterativos de convocatorias a una huelga policial que no se logran concretizar, solo dañan la credibilidad, no es transparente hacer evaluaciones de resultados fantasmales sobre acciones que nunca existieron el día 14 de agosto, la existencia de las organizaciones no se demuestran mediante correos electrónicos y nombres rimbombantes, si no con acciones y hechos concretos, como fue el caso del MOVIMIENTO POLICIAL JUSTICIA Y DIGNIDAD, (MPJD), que demostró ante la prensa que existían y que estaban en actividad.

Podemos no estar de acuerdo y discrepar, PERO si queremos construir un verdadero SINDICATO POLICIAL es necesario ser objetivos, honestos y transparentes.

La constante luego de cada huelga o acción reivindicativa ha sido la represión contra los dirigentes y la desnaturalización de los logros obtenidos, por eso la FENASEEC-PNP, esta obligada a evaluar las consecuencias de sus determinaciones,

¿QUE HUBIÉRAMOS OBTENIDO CON UNA MEDIDA DE FUERZA EN AGOSTO?
¿Aumentos en las remuneraciones y pensiones? SEGURO QUE SI.
¿Pago de deudas atrasadas y algún otro logro? SEGURO QUE SI.
¿Y LUEGO DE ESTO QUE?
¿COMO PROTEGERÍAMOS A NUESTROS DIRIGENTES Y SUS FAMILIAS DE LA REPRESIÓN? ¿COMO VELARÍAMOS, PRESERVARÍAMOS Y FISCALIZARÍAMOS LOS LOGROS OBTENIDOS?
NOS COSTO LA CÁRCEL OBTENER EL FOSPOLI, FOVIPOL 600 SUELDOS DE SEGURO DE VIDA, ENTRE OTRAS COSAS
¿EN QUE SE A CONVERTIDO HOY EL FOSPOLI Y FOVIPOL?
¿POR QUE NO PUDIMOS EVITAR QUE CAMBIARAN LOS ACUERDOS SOBRE EL SEGURO DE VIDA, REBAJÁNDOLO DE 600 SUELDOS A 15 UIT?
¿COMO CONFIAR EN LAS PROMESAS, ACTAS Y ACUERDOS? SI FUERON TANTAS VECES BURLADAS.
SOLO UNA ESTRUCTURA SINDICAL SÓLIDA Y ORGÁNICA PODRÁ HACER RESPETAR NUESTROS DERECHOS, TODO LO DEMÁS ES COYUNTURA HE ILUSIÓN.
PRIMERO CONSTRUYAMOS ORGANIZACIÓN Y LUEGO DEBATIREMOS QUE MEDIDAS TOMAR.
LOS POLICÍAS DEL PERÚ PRODUCEN SEGURIDAD BÁSICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, SIN ESTA SEGURIDAD BÁSICA NADA ES POSIBLE, LOS COLEGAS DEBERÁN ENTENDER EL PODER QUE TIENEN EN SUS MANOS, QUE SOLO PODRÁ SERLES ÚTIL SI ESTÁN UNIDOS EN UNA ORGANIZACIÓN REPRESENTATIVA, LAS OPCIONES SON CLARAS: O OPTAN POR APOYAR LA RECOLECCIÓN DE FIRMAS PARA PODER SINDICARSE SIN NINGÚN TEMOR POR QUE ES UN DERECHO CIUDADANO QUE LES ASISTE DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES EN EL PERÚ Y SE AFILIAN A LA FENASEEC-PNP PARA FORTALECERLA O OPTAN POR SEGUIR PRIORIZANDO SUS INTERESES PARTICULARES Y SUS TEMORES.

Las determinaciones deben de ser tomadas sin apasionamientos, sin voluntarismo, con visión estratégica, por eso teniendo en cuenta la globalización de la economía, creemos que es la oportunidad para EXIGIR la globalización de los derechos ciudadanos del policía peruano, y eso implica tener las mismas oportunidades de SINDICARNOS que nuestros colegas de Brasil, Uruguay, Estados Unidos de Norte America, Irlanda, Mónaco, Inglaterra, España, Alemania, Suecia, Suiza, Eslovaquia, Eslovenia, Noruega, Dinamarca, Italia, Bélgica, Finlandia, Austria, Grecia, Portugal, Bulgaria, Holanda, Polonia, Lituania y otros, por eso DETERMINAMOS, dentro del marco legal que nos faculta la Ley, solicitar ante la ONPE la Resolución autorizándonos la compra de los planillones para la recolección de firmas, a fin de solicitar la REFORMA CONSTITUCIONAL del articulo 2 inciso 20 y del articulo 42 de la Constitución Política, a fin de que los policías puedan tener un sindicato.

Ante los anuncios reiterativos de mayo, junio y agosto 2007 de una huelga policial, el comando policial como medida preventiva activo sus planes contra cualquier medida de fuerza al interior de la policía. Lo cierto es que, estos anuncios voluntaristas solo retrazaron el inicio de la recolección de firmas, pues debimos replegar a nuestros cuadros que estaban iniciando dicha recolección.

Debo infórmale al colega Richard Germán Ortega Quispe, quien se autodenomina Rumimaki, representante de una supuesta organización denominada SUPP, y digo SUPUESTA, por que los que tenemos tiempo en esto, sabemos que debemos ser objetivos, y que la existencia de una organización como tal, debe de ser refrendada con hechos concretos y no mediante correos electrónicos. En este sentido y debido a los adjetivos en contra de la FENASEEC-PNP y sus dirigentes, expresados por el colega en mención, voy a contribuir a enriquecer sus conocimientos respondiendo a las interrogantes que tiene.

La información publica que le brindo, no es invento de nadie, esta registrada en la hemeroteca de las bibliotecas y de los medios de comunicación audio visuales del Perú, y por supuesto en los archivos de los tribunales militares y policiales de justicia del Perú.

Las preguntas que se hace el colega Richard Germán Ortega Quispe, son:

¿Qué es la FENASEEC-PNP?
La FENASEEC-PNP, es un gremio unitario, libre, democrático y pluralista, independiente de las administraciones de gobierno y partidos políticos, que se rige por la voluntad de sus afiliados, conformada por personal en actividad, retiro, discapacitados y viudas. Cuenta con 52 asociaciones afiliadas en las 25 Regiones del País, y es una etapa organizativa más en la larga lucha por el sindicato policial y las reivindicaciones de la Familia Policial.

¿Cuánto GANAN?
En la FENASEEC-PNP no se percibe sueldos, ni viáticos ni dieta, eso esta absolutamente prohibido, los directivos para realizar sus acciones, asistir a sus sesiones lo hacen con su propio peculio, la FENASEEC-PNP no tiene grandes recursos económicos. Muchas veces la FENASEEC-PNP ha llevado a cabo sus acciones con apoyo de donaciones pecuniarias y materiales de algunos de sus dirigentes.

¿CUÁNTAS VECES SE VENDIERON? ¿ALGUNA VEZ FUERON CONSECUENTES? ¿POR QUÉ NO HICIERON ESTO CUANDO ESTABAN EN ACTIVIDAD? ¿EN QUE APORTO HASTA EL MOMENTO PARA EL BIENESTAR DE LA PNP? ¿CUÁNTOS AÑOS VIENEN TRABAJANDO Y CUAL ES SU APORTE? ¡TRAMITADORES¡

Lamentamos el nivel que demuestra el colega Ortega, nosotros no caeremos en el adjetivo, creemos que sus interrogantes solo son producto de su desconocimiento de la historia reivindicativa de los policías del Perú.

Algunos hemos sido detenidos mas de una vez, MUCHOS NO GOZAMOS DE PENSIÓN y los que la tienen reciben una miseria, casi todos teníamos familia he hijos pequeños y ellos fueron los directos afectados por nuestra lucha, ENTONCES QUE QUEDE CLARO, que todos los nombrados líneas arriba estuvimos en actividad y que a pesar de nuestros errores y defectos supimos dar la cara, el colega Richard Germán Ortega Quispe, DIO LA CARA CUANDO ESTABA YA EN EL RETIRO.

NUNCA y a pesar de las acciones realizadas, sacrifico y las penurias familiares por la cárcel, ninguno de los colegas antes nombrados saco una cuenta de ahorro pidiendo apoyo solidario, el colega Richard Germán Ortega Quispe, LO A HECHO, ¿Qué a obtenido el colega Ortega para la Familia Policial, para solicitar solidaridad económica?

Los logros de la lucha no le pertenecen a nadie en particular, si no al colectivo policial, PERO ya que el colega Ortega se pregunta que LOGRAMOS, es necesario ACLARARLE QUE GRACIAS AL SACRIFICIO DE LOS COLEGAS ANTES NOMBRADOS SE OBTUVO:

PASAJE GRATUITO
SEGURO DE VIDA
FOSPOLI
FONDO DE VIVIENDA POLICIAL
FONDO FUNERARIO
DERECHO A VOTO.
AUMENTO DE SALARIOS Y PENSIONES.
BONIFICACIONES ESPECIALES.
PAGO DE VACACIONES ATRASADAS
PAGO DE COMBUSTIBLES
DEBATE NACIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA POLICIAL.
DESOBEDIENCIA A ÓRDENES ILEGALES.
ELIMINACIÓN DE SANCIONES RESTRICTIVAS DE LA LIBERTAD
ELECCIÓN DE UN MIEMBRO PNP EN EL DIRECTORIO DE LA CAJA ELEGIDO POR VOTO UNIVERSAL.

ENTONCES, creemos que es fácil entender, que hay una identidad historia en la FENASEEC-PNP, que se debe respetar, y que no solo conocemos de organización, de huelgas, de clandestinidad y de acciones, si no de persecución, cárcel y sacrificio familiar, tanto así que nuestro colega de lucha y de cárcel, el valiente JAIME ZEGARRA ZEGARRA, murió tuberculoso sin asistencia medica, paradójico luego de que lucho con nosotros por la creación del FOSPOLIS.

Es cierto, que hay un largo camino para lograr el objetivo de tener un sindicato reconocido y democrático, serán en última instancia los colegas en actividad quienes deberán asumir el compromiso de seguir forjándolo y serán las generaciones venideras quienes alguna vez se encargue de juzgar lo bueno y malo que hicimos.

EL DEBATE ESTA ABIERTO, POR NUESTRO PASADO, POR LA SANGRE DERRAMADA, POR EL FUTURO DE NUESTROS HIJOS Y NIETOS, POR UNA NACIÓN MAS SOLIDARIA, JUSTA Y EQUITATIVA; CONSTRUYAMOS CON HONESTIDAD, TRABAJO Y TRANSPARENCIA EL GREMIO POLICIAL.


JOSÉ LUÍS PASTRANA NEYRA
Secretario Internacional FENASEEC-PNP
Promotor ante la ONPE de la Reforma Constitucional para la sindicacion policial
jose_pastrana@comhem.se
97847195

HISTÓRICA MEDIDA DE LUCHA DEL SINDICATO ÙNICO DE LA POLICÌA PERUANA (SUPP)

Ante la crisis económica, laboral, social, y la corrupción institucionalizada en la Policía Nacional del Perú, en nuestra condición de ciudadanos y personas humanas y nuestros Derechos Cívicos que nos asiste, los Policías en Actividad, nos hemos visto obligados a organizarnos y en esta etapa tomar nuestra primera medida de lucha el próximo martes 14 de agosto.

El Estado peruano y su gobierno de turno que Preside Alan García Pérez, secundado por su Primer Ministro Jorge del Castillo, el Ministro del Interior Luis Alva Castro, Viceministro y Altos Oficiales; una vez más están demostrando su incapacidad de atender nuestras justas demandas, quienes lejos de atender nuestras peticiones que hemos hecho a través de diferentes medios de comunicación nacional y locales en un primer momento, han tratado de negar la existencia de nuestra organización y ordenar el seguimiento y detección de nuestros dirigentes y activistas, luego ante el avance de nuestra organización y la adhesión a las filas de nuestro Sindicato desde muchas regiones del país para nuestra medida de lucha del martes 14 de agosto, están desarrollando acciones de ablandamiento, seguimiento de contrainteligencia en todos los Puestos y Comisarías; medidas que en vez de debilitar nuestra moral va fortaleciéndonos y de esa manera se va garantizando el éxito de nuestro PARO de 24 horas, que por ser ciudadanos uniformados tendrá su particularidad y propia naturaleza en la forma de protesta.

Nuestro llamamiento para que el martes 14 de agosto:

1.- LOS DIGNOS POLICÍAS CONCIENTES DE NUESTRA SITUACIÓN ECONÓMICA Y LABORAL NO CONCURRAN A SU CENTRO DE LABORES. ESTA MEDIDA ES LEGAL, NO ES DELITO, NI FALTA GRAVE.
2.- AL PUEBLO PERUANO PARA QUE TOMEN SUS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE GARANTICE SU INTEGRIDAD Y SEGURIDAD.
3.- QUE LAS ORGANIZACIONES DEL PUEBLO SE PRONUNCIEN DE NUESTRA MEDIDA DE LUCHA, PORQUE SOMOS PARTE DE ELLA.

Pedimos a la Defensoría del Pueblo para que inste al Gobierno Central a la conformación de una Mesa de Diálogo de Alto Nivel conformado por el Presidente del Concejo de Ministros, Ministro del Interior, Congreso de la República y Representantes de los Sub Oficiales en Actividad, Disponibilidad, Retirados, familiares, Minusválidos y huérfanos Victimas de Violencia Política, para:

1.- La Reforma de la Constitución Política del Perú, que permitirá nuestra libre sindicalización.
2.- Solución a nuestras justas demandas dados a conocer en los medios de comunicación.

Desmentimos a Pastrana y Pedraza (policías en retiro) que pretenden desconocer a nuestra organización, quienes coludiéndose con el Gobierno están realizando una campaña contra NUESTRA HISTORICA MEDIDA DE FUERZA. Asimismo afirmamos que nuestra organización NO TIENE VINCULACIÓN con organizaciones o lideres políticos, somos una organización que surge por propia decisión de los policías en actividad y en retiro con independencia y autonomía frente a cualquier grupo o interés ajeno al de la glorioso policía nacional, para defender, reivindicar y ejercer nuestros derechos.

NUESTRA MEDIDA DE LUCHA ES PACÍFICA DESDE TUMBES A TACNA, DESDE LA COSTA, SIERRA Y SELVA; POR LO QUE DE SUCEDER CUALQUIER HECHO RESPONSABILIZAMOS AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, PRIMER MINISTRO, MINISTRO DEL INTERIOR.

¡Viva el Paro Policial del 14 de Agosto!
¡Por la verdadera Modernización y Transformación de la PNP!
¡Por una Policía Democrática! ¡Por la Jornada de las 8 horas de trabajo!
¡Por el Aumento de Sueldos y pagos de otros derechos!
Abajo la Corrupción en la PNP!
¡Abajo la persecución y represalias a nuestros dirigentes!
¡Viva El Sindicato Único de la Policía Peruana (SUPP)!

Perú, 12 de Agosto del 2007.

Rumimaki - Secretario Nacional del SUPP( policianuevo@gmail.com)
Tukuyrikuy - Secretario del Comité de Lucha del SUPP

Las Luchas del SUPP






SUPP - PRONUNCIAMIENTO Nº 10

SINDICATO ÙNICO DE LA POLICÍA PERUANA -SUPP

PRONUNCIAMIENTO Nº 10


JORNADAS POR LA LEGALIZACIÓN DEL SINDICATO POLICIAL.

Como es de conocimiento del Pueblo Peruano, el Sindicato Único de la Policía Peruana (SUPP) viene bregando desde diferentes Regiones del País para que tengamos una POLICIA DEMOCRATICA, una policía al servicio del Pueblo que brinde una AUTENTICA SEGURIDAD CIUDADANA, desterrando su rol REPRESIVO Y CORRUPTO. Somos conscientes de que la actual situación de la PNP es consecuencia de la injusta política de los diferentes gobiernos de turno y en esta etapa se enmarca dentro de la Criminalización de la Protesta Popular implementado por el Presidente Dr. Alan García Perez, su Ministro Luís Alva Castro y los altos mandos de la PNP; Frente a ello y a las Disposiciones Vigentes, a nuestros colegas solo les queda como alternativa el de cumplir "SIN DUDA NI MURMURACIÓNES" razones por la que urge la legalización de nuestro Sindicato, para que nuestras propuestas sean implementadas y participemos en las desiciones a tomarse en lo referente a la PNP.

El SUPP se solidariza con los Sindicatos, Gremios, Organizaciones y Pueblos que se encuentran en lucha por reivindicar sus JUSTOS DERECHOS y hacemos llegar nuestras condolencias a nuestros hermanos campesinos del Perú y a los familiares de los fallecidos en las jornadas de Ayacucho, Barranca y Arequipa. De las lamentables muertes responsabilizamos al Gobierno del Presidente de la República Dr. Alan GARCIA PEREZ, y reiteramos nuestro pedido de RENUNCIA del incompetente Ministro del Interior Luís ALVA CASTRO, por Ordenar reprimir con rigor las protestas, amparándose en el DL.982. y la destitución del Director General de la PNP y altos Oficiales que estuvieron a cargo de dichos operativos, por permitir y sacar personal inexperta como el caso de Ayacucho, sacando al servicio policial a un Especialista Mecánico de la sanidad de la PNP. quien disparó a los dos hermanos campesinos, comprometiendo a todos los buenos efectivos policiales y poniendo al Pueblo Peruano contra su Policía Nacional del Perú. Tenemos sobrados indicios de que el gobierno y los altos ofíciales en su afán de parar la legalización del Sindicato Policial están pretendiendo enfrentarnos al pueblo peruano, por lo que alertamos a nuestros colegas y al pueblo del cual somos parte.

Desde el 1º de Mayo del 2007, el Sindicato Único de la Policía Peruana (SUPP) ha logrado la reivindicación parcial de nuestros derechos, alguno de ellos con migajas y mas anuncios, pero ya son las conquistas de la policía organizada y ahora emprendemos jornadas hacia la legalización del SUPP.

Nuestra situación económica que es como la de cualquier trabajador peruano es única responsabilidad del gobierno de Turno y de los anteriores que con papel servil a pesar del "crecimiento económico" a la Policía Nacional del Perú mantienen con sueldos paupérrimos y devaluados que no cubren la canasta básica familiar. A ello se agrega los descuentos obligatorios para la vivienda Policial que sumados son millones de nuevos soles y en la realidad miles de policías no tenemos una casa propia. Los hospitales no cuentan con médicos especialistas, equipos médicos, mucho menos medicamentos, convirtiéndose en hospitales de la muerte y centros de violación sexual.

Por otro lado las Asociaciones, Cooperativas y Centro de Esparcimientos son conducidos por mafias que lucran con nuestros aportes de todo el personal policial. La Caja de Pensiones Militar Policial esta quebrada, sin sostenimiento financiero por ello no esta garantizado las pensiones después de pasar al retiro.

Aproximadamente hace 5 años no contamos con la dotación de Uniformes, los equipos de comunicación son obsoletos en todo el país. Esta es la realidad de la policía nacional por eso decimos que estamos privados de nuestros Derechos y nuestra condición de CIUDADANOS Y TRABAJADORES UNIFORMADOS, están recortados a pesar de estar reconocidos por Leyes Peruanas, Tratados y Convenios Internacionales.

Para enfrentar toda esta crisis institucionalizada y la Reivindicación de nuestros Derechos Inmediatos, requerimos de la Legalización del Sindicato Único de la Policía Peruana (SUPP)

Por estos motivos, a propuesta del SUPP el Congresista de la Republica Álvaro GUTIERREZ CUEVA, el 14 de febrero del 2008 presentó el Proyecto de Ley para la Reforma Constitucional para que se modifique los Art. 2 Inc. 20 y Art. 42 de la Constitución Política del Perú, para que los miembros de las FF.AA y PNP tengamos el DERECHO a SINDICARNOS como en diferentes partes del Mundo; este hecho será un medio para tener una POLICIA DIGNA, RESPETADA, SIN CORRUPCION y al SERVICIO DE LA CIUDADANIA y PUEBLO EN GENERAL.

De igual forma se presento el Proyecto de Ley que modifica artículos de la LEY Nº 24686 para que el Fondo de Vivienda Militar Policial sea VOLUNTARIO y con DEVOLUCION de aportes y no como es hoy obligatorio y sin devolución de aportes. POR LO QUE PEDIMOS A LOS SINDICATOS, ORGANIZACIONES GREMIALES Y POLITICOS, CONGRESISTAS DE LA REPUBLICA, TRABAJADORES Y PUEBLO PERUANO SU APOYO Y SOLIDARIDAD CON NUESTRAS JUSTA LUCHA.

¡Viva el Sindicato Único de la Policía Peruana (SUPP)!

¡Solo Sindicalizados lograremos una Policía digna al servicio del Pueblo Peruano!

¡Solo Sindicalizados erradicaremos la corrupción y tendremos una policía democrática!

¡Por el aumento de sueldo de acorde a la canasta básica familiar y alza del costo de vida !

¡Por el pago directo a cada efectivo por el concepto de comida (rancho), para evitar el robo de los Jefes de Unidad!

¡Por una verdadera atención de salud con infraestructura, personal y medicamentos!

¡Por un programa de techo propio para toda la PNP y desactivación y devolución de aportes de FOVIPOL!

¡Renuncia inmediata del incompetente Ministro del Interior Luis Alva Castro!

TAREAS:

1.- Fortalecer nuestras bases a nivel Nacional para lograr la legalización del SUPP

2.- Preparar una medidas de Fuerza para el 2008 a Nivel Nacional, único medio para que se atienda nuestras demandas!


Perú, 26 de Febrero del 2008

Richard G.Ortega Quispe "RUMIMAKI" SOT3.PNP.®

Secretario General del SUPP

TUKUYRIKUQ

SOT2.PNP

Secretario Nacional del Comité de Lucha del SUPP

Email: policianuevo@gmail.com

Celular: 96386580

14/3/08

PROYECTO DE LEY PARA LA SINDICALIZACION DE LA PNP

FAVOR DE DIFUNDIRLO ADJUNTAMOS EL PROYECTO DE LEY PARA MODIFICAR LA CONSTITUCION , ASI EL SINDICATO UNICO DE LA POLICIA PERUANA (SUPP) TENGA LA LEGALIDAD,UNICO MEDIO DE PODER DESTERRAR LA CORRUPCION ENQUISTADA DESDE LAS ALTAS ESFERAS, UNICO MEDIO PARA TENER UNA VERDADERA SEGURIDAD CIUDADANA , UNA POLICIA DIGNA AL SERVICIO DE SU PUEBLO AL CUAL SE DEBE.
TENIENDO COMO BASE NUESTRA CONDICION DE SERES HUMANOS, CIUDADANOS Y TRABAJADORES UNIFORMADOS. PARA NUNCA MAS SER UTILIZADOS COMO UN ENTE REPRESOR POR LOS GOBIERNOS DE TURNO.

UN ABRAZO SINCERO Y SOLICITAMOS SU PRONUNCIAMIENTO Y OPINION AL RESPECTO.

"HASTA LA VICTORIA FINAL"

"POR UNA VERDADERA POLICIA DEMOCRATICA"

RUMIMAKI
RICHARD ORTEGA QUISPE
Secretario General del SUPP
SOT3.PNP(r)

TUKUYRIKOQ
SOT2.PNP
Secretario Nacional del Comitè de Lucha del SUPP.

EXPOSICION DE MOTIVOS PARA RECONOCER LA NATURALEZA CIVIL DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU

Por:
Hugo Muller Solòn
Coronel PNP ®
Abogado
Ex – Defensor del Policía (2005 – 2006)
mullerabogados@hotmail.com


I. Antecedentes
II. Reconocimiento de la Naturaleza Civil de la Policía Nacional del Perú.
III. Diferencia entre Militar y Policía
IV. Situación Actual


I. Antecedentes

El reconocimiento de la naturaleza civil de la Policía Nacional del Perú, tiene que ver con sus orígenes y con la evolución de la Policía en el Perú, las mismas que se remontan a las fuerzas de policía denominadas Guardia Civil y Gendarmería creadas en 1872 por Don Manuel Pardo y Lavalle como parte del Ejército del Perú, de carácter netamente militar. Es así que la primera Constitución Política del Perú sancionada por el Congreso Constituyente el 12 de Noviembre de 1823, consideraba que la entonces denominada Guardia de Policía era integrante de la Fuerza Armada de tierra (Art. 165). De allí en adelante y bajo la denominación de “Fuerza Pública” la Policía ha seguido siendo considerada por las diferentes Constituciones como integrante de lo que hoy conocemos como Fuerzas Armadas.

Sin embargo, la Constitución promulgada el 18 de Enero de 1920 y firmada por Augusto Bernardino Leguìa Salcedo (mas conocido por los historiadores como Augusto B. Leguìa) Presidente Constitucional de la República, establece en su Art. 144º, que la denominada Fuerza Pública se compone solamente del Ejército y de la Armada, excluye definitivamente a la Policía como organización militar y reconoce tácitamente su naturaleza civil. Esta Constitución Política de 1920, fue concordante con la decisión presidencial de reformar a las fuerzas de policía existentes por ese entonces, al haber expedido el 07 de Agosto de 1919 el Decreto Ley Nº 1163 mediante el cual se dispone una gran reforma policial y entre otros aspectos la creación de la primera Escuela Nacional de Policía inaugurada el 01 de Noviembre de 1922.

Por su parte, la Constitución Política del Perú aprobada por Asamblea Constituyen el 12 de Julio de 1979 reconoce por primera vez la distinción entre Fuerzas Armadas (Art. 275º) y Fuerzas Policiales (Art. 277º), pero sujetando a esta ultima a participar junto con las Fuerzas Armadas en la Defensa Nacional. Pero con la modernización del Estado, la Policía Nacional del Perú ha avanzado en los últimos años hacia su total reconocimiento jurídico como una Institución de naturaleza civil y al reconocimiento de sus integrantes como Profesionales de Policía, totalmente acondicionados funcional y estructuralmente a la misión y funciones que le compete en la especialidad que les confiere la ley. Es así que la actual Constitución que nos rige, promulgada el 29 de Diciembre de 1993, excluye totalmente a la Policía Nacional de su participación en las tareas de Defensa Nacional de manera conjunta con las Fuerzas Armadas y reconoce definitivamente la naturaleza civil de la organización policial


II. Reconocimiento de la Naturaleza Civil de la Policía Nacional del Perú.

Reafirmando lo anteriormente dicho, la Comisión Especial de Reestructuración de la Policía Nacional del Perú, presidida por el propio Ministro de Interior el año 2002, propusieron en su informe final un conjunto de reformas constitucionales, entre las que se encontraba la necesidad de afirmar la naturaleza civil de la organización policial (Informe de la Comisión Especial de Reestructuración de la Policía Nacional del Perú, 22 de febrero de 2002. Pág. 56).

Sin embargo, porque la población y los mismos policías se siguen percibiendo así mismos como militares? La respuesta es sencilla pero a la vez compleja, no ha cambiado con el transcurrir de los años la cultura policial de tipo militar precedente, ni mucho menos ha existido la voluntad ni la decisión de los altos mandos policiales que se han sucedido en el Comando de la Policía Nacional de apartarse definitivamente del cordón umbilical que los une de una u otra forma al estamento militar. Veamos solamente como muestra la Ley Nº 28338 – Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú, en su Artículo Nº 18º referido al tratamiento entre el personal de la Policía Nacional del Perú; dice: “El personal de la Policía Nacional del Perú, en el trato interpersonal en toda situación, tiene la obligación de anteponer al grado correspondiente el vocativo “señor” o “señora” según sea el caso. El trato de “usted” es obligatorio. Toda comunicación deberá realizarse con respeto, claridad y moderación”. Sin embargo a la fecha, se sigue utilizando el tratamiento militar de “Mi” entre los policías, es decir el mismo tratamiento que utilizan el personal del Ejército.

Eso no es todo, allí tenemos a los héroes nacionales Mariano Santos Mateo y Alipio Ponce Vásquez, ninguno de ellos ha sido declarado héroe por el reconocimiento de valores policiales, sino militares. ¿Cómo es que Mariano Santos y Alipio Ponce pueden ser fuente de inspiración para el trabajo de los policías y de los futuros policías, si el valor y el arrojo que los convirtió en héroes nacionales, responde a virtudes y acciones específicamente militares?. La Policía no ha perdido sus costumbres militares, en materia de servicios, de tratamiento y administración de personal, de logística, del uso de uniformes, etc. inclusive se siguen utilizando antiguas denominaciones militares, hasta los grados militares subsisten hasta la fecha. De aquí es donde parte la actual “crisis policial”, la no existencia de una cultura policial sólida, que es la de sentirse realmente policías civiles al servicio de la sociedad.

III. Diferencia entre Militar y Policía

Son aspectos muy distintos ser un militar y ser un policía. Porque si bien ambos pertenecen a institutos cuya existencia son inherentes a la existencia del Estado, su función - y por ende su formación - se encuadra dentro de parámetros totalmente distintos, - ni mejores ni peores -, sólo distintos. El uno es militar, se le educa para la guerra y en este ámbito de su función se le prioriza la eliminación física del enemigo, cualesquiera sean los métodos empleados: (proyectil, bayoneta o lanzallamas). El otro es civil, no tiene "enemigos" (sólo adversarios), y se le educa para la paz. El uno es puño, el otro, escudo. Un policía debe tener el piadoso sentido de "poner la mejilla", cuando en el cumplimiento de su labor específica recibe la agresión verbal o física de quienes actúan fuera de la ley, ya sean estudiantes, trabajadores, pandilleros o hinchas de fútbol exaltados. Esto, que es muy difícil para el policía, es imposible para el militar frente al enemigo. El policía reprime corrigiendo. El soldado, el militar en general, mata para ganar el combate. Para el policía, aun el peor delincuente es un ciudadano que debe ser preservado, educado y devuelto a la sociedad porque ese delincuente no es un enemigo sino un enfermo que debe ser puesto en manos de un cuerpo especializado (la Justicia civil) para que decida su destino último: Libertad, si no hay pruebas, prisión si hay méritos para ello.

La Policía Nacional del Perú no es una organización militar, es civil y la garantía de la estabilidad interna en nuestro país reside en que se siga ahondando tal concepción. Por tanto no le deben comprender, ni los fueros, ni las costumbres ni los códigos militares. Es así que por este motivo la sociedad peruana no escapa al relacionamiento civil – policial - militar. Esto es, cuestionar los gastos militares o policiales, cuando no la función misma de las FFAA y de la Policía Nacional, y paralelamente aprobarlos cuando se aplican a la Policía o viceversa. Cuando el gran problema de la Policía es la falta de equipamiento adecuado y la baja remuneración de sus integrantes, gran favor se le hace a la Policía Nacional si todavía se tiene que someter la satisfacción de sus necesidades a los mismos requerimientos por parte de las Fuerzas Armadas.

La Profesión de Policía forma parte del área de las profesiones jurídicas no militares. De eso deben estar completamente convencidos todos los Policías. El ordenamiento de esta Profesión de Policía se asienta en el derecho público, es decir en aquella rama del derecho que se rige por la máxima de que sólo puede hacerse lo que la ley manda o permite de modo expreso. La Profesión de Policía implica el cumplimiento de deberes, el ejercicio de derechos, la realización de un oficio desde un cargo y el sometimiento a una jerarquía y disciplina orgánica de tipo vertical u horizontal según el caso, bajo constante supervisión y control institucional y pública.


IV. La propuesta de desmilitarización de la Policía Nacional del Perú

En este sentido, la desmilitarización del cuerpo policial que se propone, especificando su naturaleza civil en el contexto constitucional no puede entenderse como la mera expresión de afirmar que la PNP es una organización de naturaleza civil, sino que representaría de manera inmediata un proceso profundo que implica la interiorización de nuevos valores que han de reflejarse en diferencias metodológicas y culturales al interior de la Institución Policial. No se trata pues, que todos los miembros del actual cuerpo policial se han convertido en civiles de la noche a la mañana por haberse definido sus diferencias sustanciales con las fuerzas militares. La civilidad es una condición que requiere convicciones profundas, es en esencia una opción de vida.

Es por ello que el proceso de modernización del Estado y la desmilitarización de la Policía Nacional del Perú, debe comprender también reformas importantes como es la excluir definitivamente de la jurisdicción militar a la Policía Nacional del Perú, reconociéndola con hechos concretos como una organización de naturaleza civil, vinculada básicamente a los gobiernos locales y a la comunidad en el ejercicio de sus funciones. Los Policías no cometen delitos militares y no es posible jurídicamente seguir tipificando por analogía y forzando la norma penal para seguir incorporando conductas policiales que significan trasgresiones laborales o disciplinarias, como si fueran delitos militares, manteniendo una situación de dependencia de la Policía al fuero castrense, lo cual evidentemente contradeciría su condición de organización de naturaleza civil.

El objetivo de esta propuesta es terminar de manera sustancial, concreta y definitivamente con un sistema policial que conserva aún la naturaleza militar con la que fue dotado en su creación en 1872, desmontando la tesis de que la naturaleza militar que subsiste es algo incuestionable e inamovible, por razones de disciplina, empleo y por tratarse de un cuerpo armado. Esta es una cuestión que no ha sido profundamente debatida por ningún gobierno desde la promulgación de la Constitución de 1920 en que empieza a perfilarse la naturaleza civil de la Policía peruana. Si bien, es cierto, que se han venido produciendo avances mínimos en la Institución, estos son debido en gran parte a la presión que han ejercido sus mismos integrantes, incluso la Defensorìa del Pueblo y el Poder Judicial traducidas en algunas mejoras en sus condiciones laborales, administrativas y disciplinarias. Pero nunca hasta ahora, se ha profundizado en el fondo de la cuestión, la desmilitarización de la Policía Nacional del Perú.

Teniendo presente los cambios que van surgiendo en la sociedad en general, en sus estructuras y en sus organizaciones, también la seguridad se encuentra ante nuevos retos. La globalización la hace aún más compleja en sus grandes cuestiones; terrorismo y crimen organizado. Además, el propio concepto de seguridad hoy en día es mucho más amplio abarcando desde la prevención de los delitos típicos, hasta los nuevos conceptos de seguridad sanitaria, biológica, química, ambiental, informática, etc. Sin olvidar un nuevo escenario sociológico, una población cada vez más multiétnica con múltiples sensibilidades relacionadas con el tema de la seguridad. También estos retos demandan nuevas soluciones, siendo hora de plantearse si realmente el modelo policial imperante continúa siendo el adecuado para este nuevo contexto, con un cuerpo policial que se le percibe militarizado no obstante las diferencias abismales en cuanto a su formación y función en relación con las instituciones militares.

V. Estado actual del problema

La Constitución Política del Perú de 1993 diferencia claramente a las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional. Se refiere a las Fuerzas Armadas en el artículo 165º y les asigna la misión de garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República y la de asumir el control del orden interno de conformidad con el Articulo 137º de la Constitución. En cambio, a la Policía Nacional, en el articulo 166º le confiere la misión de garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio publico y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras.

La protección de los derechos y libertades públicas de los ciudadanos, así como el mantenimiento de la seguridad pública implícitos en el articulo 166º de la Carta Magna, no puede llevarse a cabo si no es a través de la Policía Nacional, por tanto, los conceptos de derecho militar no deberían acomodarse en ningún caso a una labor estrictamente policial, sin embargo el articulo 173º de la Constitución subordina a la Policía Nacional al Código de Justicia Militar (hoy Código de Justicia Militar Policial) cuando sus integrantes incurren en los denominados “delitos de función”.

Vemos hasta ahora, que no obstante las diferencias en cuanto a su formación, los usos militares que no tienen correspondencia con los policiales, la disciplina militar y el régimen de derechos y deberes, se tornan contradictorios siendo una de sus consecuencias que un mismo ilícito cometido por policías y militares suponga una infracción disciplinaria para los miembros de la Policía y delito para los miembros de las FFAA.

La Constitución del Perú de 1993 no establece un modelo policial concreto, ofrece un marco jurídico originario restrictivo de derechos en el que tanto caben cuerpos de naturaleza militar (FFAA) como el de naturaleza civil (PNP) sin distinción alguna. En tres artículos hace referencia la Constitución a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional como si fuera uno solo; en el articulo 2º, inciso 20 al objeto de limitar el derecho de petición a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, autorizando a sus integrantes a ejercerlo solamente de manera individual; en el articulo 42º para excluir a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del derecho de sindicalización y de huelga; y, finalmente en el articulo 169º en que se les excluye a ambas instituciones del derecho a deliberar. Con estos antecedentes no hay más que decir en cuanto a la total adecuación del régimen jurídico actual de la Policía Nacional del Perú a los dictados constitucionales

Habría que preguntarse si el carácter militar que aún subsiste en la Policía Nacional es realmente un elemento imprescindible para su eficacia, o si, por el contrario, puede estar restando de algún modo la necesaria cercanía con la ciudadana, o, si la insatisfacción laboral de los integrantes de la Policía Nacional incide en la prestación del servicio, o también si la labor de protección de los derechos y libertades de los ciudadanos se pueda ver afectada por la carencia que tienen los policías de los suyos propios. No hay duda de la constitucionalidad del régimen actual, pero ello no obsta para indagar si un cambio en este sentido, a la luz de los cambios sociales habidos en las últimas décadas y sobre todo después de un proceso de afianzamiento democrático en nuestro país, pueda ser posible en base a la presente propuesta. Y, lo que es más, importante y necesario.

Los policías no son militares ni deben serlo, son policías, a pesar de que su régimen disciplinario y de personal los someta a disciplina tipo militar. Funcionalmente son policías y como tales han ser considerados, la desconexión entre la práctica de su trabajo (funciones estrictamente policiales) y el sometimiento al fuero militar que posibilita un cercenamiento de sus derechos constitucionales, resulta de una gran trascendencia y una mala práctica para lograr una policía democrática, eficiente y mas cercana al ciudadano. Es más, pudiera ser motivo de pérdida de eficacia, dado que la estructura militarista puesta al servicio de un cuerpo policial puede acarrear graves disfunciones, obstaculizando una prestación del servicio de seguridad más ágil al verse sometido a una cadena de mando muy jerarquizada y poco abierta al trabajo en equipo con los subordinados. A ello habría que añadir la situación de conflicto laboral que se vive en los últimos años en la Institución Policial, con unas bases demandando mejoras laborales y económicas que los equiparen con el resto de trabajadores del Estado peruano y unos mandos que no acaban de tolerar ningún movimiento reivindicativo en el seno del Cuerpo Policial.

Lo cierto es, que la Policía Nacional es una de las Instituciones que menos ha evolucionado, no se ha modernizado ni siquiera en sus medios materiales, menos en su estructura militarizada ni las relaciones entre los mandos y sus bases en las que continúa prevaleciendo una estructura sumamente jerarquizada que dificulta un entendimiento común imprescindible en el servicio público de seguridad. Esta estructura y con este estado de cosas, es lo que no le permite a la organización policial pese a los esfuerzos de algunos policías, poder integrarse a la sociedad, ser aceptada y recibida como una institución confiable y segura.

La exigencia militar se traduce para los miembros de la Policía Nacional en limitaciones de derechos constitucionales y condiciones laborales más duras, sufriendo además un régimen laboral abusivo, la “orden de inamovilidad absoluta” y la “orden de inamovilidad relativa” que les demanda mayor número de horas de trabajo sin ningún tipo de compensación adicional; la “suspensión de vacaciones” que les recorta a los policías sus derechos vacacionales programados con la debida antelación; los “servicios nocturnos” sin ningún pago adicional conforme a ley; los servicios de “24 x 24” mediante el cual se obliga a laborar al policía durante tres jornadas de trabajo continuadas a cambio de un día de descanso; “los servicios de rotación a zonas de sierra”, sistema que obliga al policía a desarraigarse de su entorno familiar para cumplir con turnos de rotación a lugares alejados de su domicilio, en zonas de altura y sin ningún tipo de retribución económica adicional; “incentivos económicos por captura de requisitoriados” mediante el cual se abusa de la condición policial del trabajador para condicionar una compensación económica a costo de arriesgar su vida con la captura de avezados delincuentes; “compra de días de franco y vacaciones”, sistema que viene utilizando el estado para compensar económicamente las reducidas remuneraciones policiales, a cambio de sacrificar horas de descanso, en lugar de generar un aumento o incremento de sueldos, etc. Pero lo que es más importante es la repercusión que esta situación pueda tener en los receptores de su servicio de seguridad, los ciudadanos.

Las consecuencias más graves de seguir manteniendo a la Policía Nacional del Perú en un estatus militar que no le corresponde, aparte de la carencia del derecho de sindicalización, vienen determinadas por su sujeción a la Jurisdicción militar, lo que da lugar, en no pocas ocasiones, a que a policías se les prive de su libertad por infracciones tipificadas como delitos militares (delitos de función), dándose la circunstancia de que las mismas infracciones son sancionadas dentro del ámbito del derecho administrativo disciplinario policial solo como infracciones.

VI. Conclusiones

Con la Ley que regula el Sistema de Defensa Nacional el concepto de defensa se amplia con respecto a las misiones que confiere la Constitución a las Fuerzas Armadas y en donde los actores principales de dicha política son las Fuerzas Armadas, porque la contribución a la defensa nacional del resto de actores es una contribución excepcional para situaciones igualmente excepcionales (en tiempo de conflicto armado y durante la vigencia del estado de excepción), y desde luego dentro de los propios ámbitos de actuación y normativos de otros colectivos e incluso de la sociedad civil.

En efecto, la Policía Nacional del Perú, habrá de contribuir a la resolución de los conflictos existentes, pero siempre desde su propio ámbito competencial. Y sólo en algún caso, podrá realizar funciones estrictamente militares. Por ello, considero que estas funciones tienen un claro carácter residual, respecto de la labor de la Policía Nacional en su conjunto, y que la posibilidad de realizar estas funciones no otorga por si misma el único fundamento jurídico para definir su naturaleza jurídica militar, que sigue un criterio historicista y no funcional, mucho menos jurídico. La Policía Nacional no forma parte de las Fuerza Armadas, por lo tanto, y aún aceptando su condición de “fuerza militarizada”, no concurren en sus miembros las mismas circunstancias que sustentan las limitaciones de derechos en los miembros de los ejércitos, de los militares en general en el sentido propio de la palabra.

Los integrantes de la Policía Nacional del Perú, son funcionalmente policías y jurídicamente civiles. Por lo tanto no existe ninguna justificación por la que se permite que carezcan de muchos derechos o bien que el ejercicio de los mismos sea tan limitado. Un policía nacional debería tener la plena libertad de sindicarse, no son necesarias las medidas restrictivas que se les impone para asegurar el servicio de protección de sus derechos a los ciudadanos. La condición ilegítima de “militares” aparte de incidir negativamente en un ejercicio regulado de sus derechos, puede, además, incidir negativamente en la prestación de su servicio debido a que en una organización tan cerrada donde la disciplina, la estructura fuertemente jerarquizada, una serie de valores estrictamente castrenses y la rigidez que proporciona todo sistema militar, puede entorpecer un servicio de seguridad que van a venir determinados en muchas ocasiones por factores de iniciativa individual, cierta discrecionalidad y rapidez a la hora de tomar decisiones, sin que quepa que lo entorpezca extensas cadenas de mando restando el necesario dinamismo a esas propias funciones.

Justificar el mantenimiento de tal carácter en cuestiones históricas ya superadas por la legislación vigente no es argumento suficiente para respaldar un régimen jurídico que implica una limitación tan grave de derechos para sus miembros, ya que ni la realidad social de la creación de la Policía Nacional, ni la realidad política tiene comparación alguna con la actual. Consideramos, por tanto, que sin alterar la Constitución peruana, la Policía Nacional del Perú puede y debe convertirse definitivamente en un cuerpo policial de naturaleza civil, por lo que reafirmando su carácter y su naturaleza civil, proponemos que esta condición jurídica se adicione al actual articulo 166º de la Constitución Política del Estado, el cual deberá quedar redactado de la siguiente manera.

“Art. 166º.- POLICIA NACIONAL: La Policía Nacional, es una organización de naturaleza civil, tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de la leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras.”